La actualidad política en México parece a menudo un guion sacado de una telenovela de alta tensión, donde los actores se disputan el escenario mientras el pueblo observa desde las gradas. Pero el último acto de esta saga es especialmente alarmante: más de 30 millones de pesos se gastaron en tres meses en lo que solo puede describirse como "turismo político".

 

El partido oficialista Morena inició en junio de 2023 su proceso interno de selección para determinar al coordinador de trabajos en defensa de la Cuarta Transformación (4T). Los aspirantes tuvieron la encomienda de promocionar las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en todo el país. Esta travesía costó la nada despreciable cifra de 30 millones de pesos, y lo que es más grave, todo se realizó sin la debida fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

 

Si bien la labor del INE es supervisar y garantizar la legalidad de los procesos electorales, parece que ha cerrado los ojos ante este flagrante dispendio. La ley electoral es clara al establecer que los partidos políticos no deben utilizar sus recursos para promocionar a un gobierno en funciones, y en este caso, el INE parece haber optado por el silencio cómplice.

 

Lo que resulta aún más desconcertante es que estos 30 millones de pesos no han traducido en mejoras tangibles para la población. Ninguno de los seis precandidatos dejó una acción afirmativa en las comunidades que visitaron. En lugar de ofrecer propuestas concretas que respondan a los apremiantes problemas de inseguridad, empleo y bienestar social, se dedicaron a difundir un mensaje de adoctrinamiento político.

 

No olvidemos que el dinero gastado en estas campañas proviene de los impuestos de los mexicanos, cansados ya de un sinfín de promesas y retórica vacía. Como dijo alguna vez Adán, "los tiempos del señor son perfectos", pero parece que los tiempos de la política mexicana están lejos de serlo.

La fiscalización y la transparencia no son meras palabras, son pilares de una democracia sana y robusta. De continuar por esta senda, el riesgo es evidente: la erosión de la confianza pública en nuestras instituciones y en el propio sistema democrático.

Mientras los actores políticos sigan dilapidando recursos sin rendir cuentas y sin ofrecer soluciones tangibles, la única pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo?