En el corazón del Río Sonora, donde cada gota vale oro y la tierra se defiende con la vida, el gobierno estatal ha puesto sobre la mesa un proyecto que ya encendió la mecha: la construcción de una presa en la comunidad Puerta del Sol.

La obra, presentada como una solución de progreso, energía y seguridad hídrica, también despierta miedos legítimos: el despojo de tierras, el desplazamiento de familias y el daño a un ecosistema que ha sobrevivido gracias al cuidado de sus propios pobladores.

En los pueblos ribereños, la gente no habla de “beneficios”, sino de “otra promesa más que se lleva el agua”.

Los pobladores del Río Sonora ya saben lo que significa ver llegar maquinaria y funcionarios con discursos sobre modernidad. Han aprendido que detrás de cada megaproyecto suele haber intereses que no riegan parejo. Y hoy, ante la presión oficial por convencerlos de las “bondades” de la obra, las comunidades responden con una negativa firme: no quieren perder su agua ni su tierra.

El gobierno federal tiene listos 500 millones de pesos para invertir en la construcción. Detener el proyecto ahora podría parecer un retroceso, pero imponerlo sería un error político mayor. En Sonora ya se aprendió —a golpes y a sequías— que los proyectos sin consenso acaban siendo obras fantasma o monumentos al conflicto.

Una ruta posible

El conflicto puede evitarse si hay voluntad real de escuchar y ajustar el proyecto.

Primero, se requiere pausar la obra, no para cancelarla, sino para abrir un proceso serio de consulta y evaluación técnica, donde participen universidades, expertos ambientales y, sobre todo, los habitantes del Río Sonora.

Segundo, que el gobierno garantice con documentos —no con discursos— que el agua quedará al servicio de la región y no será desviada hacia intereses privados o industriales.

Y tercero, diseñar un plan integral de desarrollo hídrico que contemple reforestación, captación de lluvia y gestión comunitaria del agua.

La presa podría ser una oportunidad, no una amenaza. Pero si el proyecto sigue avanzando con un diálogo dividido y poca transparencia, el costo político será tan alto como el nivel del agua que pretende contener.

El Río Sonora no necesita más discursos: necesita respeto, diálogo y soluciones que fluyan.

Si el gobierno escucha, todavía hay cauce para construir futuro sin destruir comunidad.

La gente del Río Sonora sabe que el agua es vida, pero también es memoria.

Y si el gobierno quiere construir futuro, más le vale hacerlo sobre la base del diálogo, no del cemento.

Porque cuando los intereses políticos se imponen sobre los criterios técnicos —y el proyecto ni siquiera se conoce al cien por ciento—, el riesgo no es solo ambiental: es social y político.

Más información en www.elchiltepin.mx y en las redes sociales de El Chiltepín.